El Estado Paraguayo pide a Bolsonaro extraditar tres líderes populares paraguayos
Por Dick & Miriam Emanuelsson, Tegucigalpa
El Estado paraguayo, que desde diciembre de 2017 viene siendo procesado en instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por graves violaciones a los derechos humanos de los tres dirigentes del Partido Patria Libre (PPL) Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán que están como refugiados políticos en Brasil, pretende hacer una nueva arremetida ilegal contra los mismos. Hay expectativas que con el resultado en las elecciones presidenciales en Brasil habrá perspectiva de poder extraditar los tres luchadores populares.
Intentará cuestionar por cuarta vez el refugio político que le otorgó la institución estatal brasilera CONARE (Comité Nacional para los Refugiados) de forma conjunta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). En las tres oportunidades anteriores los pedidos del gobierno paraguayo fueron rechazados por falta de fundamento legal.
Terrorismo de Estado ante la CIDH
El Grupo Tortura Nunca Mais de Paraná (GTNM-PR) denunció este hecho en un manifiesto público[1] dado a conocer el 6 de noviembre. Se solidariza con los refugiados políticos paraguayos y dice que los mismos están con refugio político desde el año 2003, estatus que les fue dado como consecuencia de la persecución política e ideológica que sufrieron en su país de origen, en graves hechos de terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad perpetrados por autoridades del alto rango del gobierno paraguayo.
Relata esta organización de derechos humanos que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en el año 2003 “fueron secuestrados y torturados por agentes policiales y militares” en el Paraguay y que en ese momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) interpuso medidas de protección cautelar.
En 2008 se admitió el Caso 12.685 en la Comisión IDH. En septiembre de 2017 la Comisión IDH responsabilizó al Estado paraguayo por graves violaciones a los derechos humanos (véase CIDH Caso 12.685). En diciembre de 2017, ante la negativa del Estado paraguayo a cumplir las recomendaciones de la Comisión IDH, el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”.
Supuesta solicitud de “extradición”
Resaltan que “El Estado paraguayo en todos estos años mantuvo una posición abierta de continuidad de la persecución política a los refugiados paraguayos” llegando al punto de presentar “pruebas falsas para intentar romper la protección de los mismos”.
Destaca la nota de esta institución que es notorio que el Estado paraguayo está llevando adelante una fuerte campaña mediática contra los refugiados paraguayos, anunciando una supuesta solicitud de “extradición”, en momentos en que está en fase final el proceso que sufre el Estado paraguayo por delitos de lesa humanidad en instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo cual podría ser una cortina de humo para tapar los graves hechos de terrorismo de Estado de los cuales son acusadas altas autoridades del gobierno, policía nacional, fuerzas armadas y fiscales que son acusados como responsables materiales e intelectuales del secuestro y torturas que sufrieron estos dirigentes políticos.
Dice textualmente que es inviable la extradición de los refugiados políticos y señala varios puntos al respecto:
“a. En ningún caso los refugiados políticos bajo protección del ACNUR pueden sufrir un proceso de extradición, conforme a la Ley 9.474 / 97 del refugio y del Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas.
b. Los refugiados políticos sólo pueden ser expulsados del país si infringen la seguridad nacional o el orden público, lo que no es el caso de los refugiados paraguayos. En una hipótesis extrema de ocurrir esto, por las mismas leyes, los mismos no pueden ser llevados al país de origen donde su seguridad e integridad esté en riesgo.
c. La acción del gobierno paraguayo no pasa de propaganda mediática cuyo propósito no será logrado en ninguna hipótesis, conforme a la legislación brasilera e internacional.
Lugo ofreció recompensa monetaria
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Fernando Lugo puso una suma por la cabeza de los tres refugiados paraguayos. |
El GTNM-PR repudia las declaraciones de autoridades del gobierno paraguayo que buscan criminalizar a los refugiados políticos “siendo que los mismos son víctimas, ratificado por la Comisión IDH”. De la misma forma, repudian la “actitud del Senado paraguayo que debería ser exento y precautelar por el Estado de derecho y que, por el contrario, sumó "apoyo" formal a los "esfuerzos" del poder ejecutivo paraguayo”.
Asimismo condena la actitud de senadores llamados de “progresistas” como el “ex presidente de la república Fernando Lugo y los Senadores del Frente Guasú (FG) por firmar apoyo a la empresa fascista del gobierno paraguayo. Lugo, es de destacar, es responsable en 2010 por una propaganda criminal contra los refugiados paraguayos ofreciendo recompensa monetaria por su captura, aún en perfecto conocimiento de que los mismos estaban bajo protección del ACNUR en Brasil”.
La nota lleva la firma de su presidente Antonio Narciso Pires de Oliveira, un reconocido luchador contra la dictadura y dirigente del movimiento de derechos humanos y por la Amnistía política en Brasil.
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Notas:
Informe No. 100/17 Caso 12.685 informe de fondo Juan Francisco Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez y otros.





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